Como insuficiente y tardío calificó José Eugenio Lagarde Amaya, Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de transformación, (CANACINTRA) Mexicali, el Programa emergente de protección a las personas, el empleo y la economía de Baja California ante el COVID-19, anunciado por la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo en Baja California (SEST).

 

“Decepcionante lo que se presentó ayer en el Estado como programa emergente, ya que resultó ser más de lo mismo; muchos de los llamados apoyos se basan en créditos que ya existían y destinar solo 18 millones de pesos para todas las Micro y pequeñas empresas (MYPES) es risible, ya que solo alcanzará para un total de 360 empresas con apoyos de 50 mil pesos en todo el Estado” precisó.

 

Por otro lado, las compras de gobierno anunciadas como beneficio, siempre han existido, aseguró, no las deberían de anunciar como estímulo, sino que debería ser una constante y una obligación favorecer a proveedores locales.

 

Por lo tanto, la principal estrategia del Gobierno del Estado para apoyar a la economía, consiste principalmente en otorgar créditos, muchos de ellos ya existentes, cuando lo que menos necesitan las empresas en estos momentos, es más deuda.

 

Al parecer, lo único que está dispuesto a negociar el Gobierno estatal, es el Impuesto Sobre Nómina  (ISN), haciendo un trueque por productos, sin entender que las empresas no cuentan con liquidez para pagar dicho impuesto y en el corto plazo con el cierre de empresas,  no habrá recaudación para hacer frente a la emergencia, al contrario, empeorará el ya de por si grave cuadro económico en el Estado.

 

“Definitivamente la estrategia planteada por la SEST,  no minimizará el impacto económico en los sectores productivos y la pérdida de empleos que ya supera las 11 mil plazas en Baja California y 350 mil a nivel nacional”, planteó Lagarde Amaya.

 

Los industriales de CANACINTRA Mexicali, enfatizó, insistimos en la urgente necesidad de posponer o derogar impuestos estatales como una forma de apoyar a las empresas ante la crisis sanitaria, sobre todo ante la negativa del gobierno federal de activar un plan de estímulos reales a las empresas Mexicanas.

 

Los incrementos a diversos impuestos aprobados en meses pasados por parte del Gobierno Estatal, como el impuesto a la nómina, a la gasolina, al gas, a los servicios de hospedaje y la creación de un impuesto municipal a la construcción, finalizó, deben de ser cancelados o prorrogados como medidas emergentes ante esta situación económica, que se prevé como devastadora para nuestra entidad.

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